terça-feira, 30 de novembro de 2010

Colômbia: Óscar Maussa, otro líder de despojados de Urabá asesinado

http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/rearmadados/2885-oscar-maussa-otro-lider-de-despojados-de-uraba-asesinado
Conflicto hoy - Rearmados
Viernes, 26 de Noviembre de 2010 16:35

Óscar Maussa, desplazado del Urabá fue asesinado a pedradas en San Juan Nepomuceno, donde había huido tras ser amenazado. Con su muerte ya son nueve los líderes de esa región que reclaman sus tierras asesinados este año.

El campesino fue encontrado muerto a golpes en su finca en San Juan Nepomuceno.  
Óscar Manuel Maussa Contreras, líder de restitución de tierras y uno de los dirigentes de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), corregimiento de Turbo, Antioquia, fue asesinado el pasado 24 de noviembre en el Cañito, una vereda de San Juan de Nepomuceno, Bolívar.

Maussa fue asesinado con un fuerte golpe en la cabeza mientras estaba amarrado a un árbol. Según la necropsia lo lapidaron alrededor de las siete de la noche y agonizó hasta las dos de la mañana.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz le dijo a VerdadAbierta.com que un campesino de la vereda alertó la Policía mientras asesinaban a Maussa, pero las autoridades sólo llegaron a la mañana siguiente.

La Policía también encontró todas que los asesinos irrumpieron en su casa. “Es claro que iba por él”, le dijo a VerdadAbierta.com un abogado que conoce el caso de Maussa.

Maussa lideró la recuperación de tierras de Cootragroblan, una cooperativa de campesinos de Urabá, que libra una batalla jurídica para que le sean restituidas sus tierras, despojadas por paramilitares hace más de 10 años.

Maussa había huído de la finca La Esperanza en 2008, después de numerosas amenazas de muerte, a Montería, Córdoba. En ese tiempo, logró comprar una finca en San Juan Nepomuceno, en la que cultivaba maíz y pancoger.

Con el asesinato de Maussa, nueve líderes campesinos que reclaman la devolución de sus tierras en Urabá han sido asesinados este año. Según una alianza de Ongs, en 2010 40 defensores de derechos humanos y líderes de desplazados han sido asesinados, 33 de estos desde que el presidente Juan Manuel Santos se posesionó y desde que en el Congreso se tramita la ley de víctimas y de restitución de tierras.

El despojo en Blanquicet
En agosto de 1990, 12 familias campesinas crearon la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan), un corregimiento de Turbo y en ese lugar el Gobierno de Holanda les dio un dinero para comprar una finca de 106 hectáreas.

La finca se llamaba La Esperanza y queda ubicada sobre tierras donde están proyectada la Trasversal de las Américas, que une a Panamá y a Colombia por el tapón del Darién.

Las 12 familias se dedicaron a sembrar arroz, yuca, compraron ganado, construyeron un centro de acopio y una casa. Poco tiempo después consiguieron anexar a su cooperativa el predio Nueva Vida de 15 hectáreas.

Pero, desde 1997 los ‘paras’ al mando de Lázaro o ‘Mono Pecas’ empezaron a amenazar, presionar y amenazar los campesinos de Blanquicet. En los alrededores la situación se volvió tan crítica, que unas mil familias abandonaron el corregimiento, entre ellas las 12 familias de Cootragroblan y se fueron a vivir a Turbo, Chigorodó o Medellín.

Según le contaron a VerdadAbierta.com personas que han hecho seguimiento al caso de Blanquicet, los paramilitares se aprovecharon del miedo que generaron entre los campesinos que muchos de ellos empezaron a vender sus predios a precios inferiores a su valor real. “A 200.000 pesos por hectárea, muy por debajo del millón y medio que costaba”, dijo una fuente a El Espectador en un artículo de abril de 2010.

Los campesinos también denunciaron que en Blanquicet empezaron a aparecer escrituras falsas y los ‘paras’ ocupaban predios a la fuerza.

Fue así cómo la finca La Esperanza, de Cootragroblan, fue invadida por dos ‘paras’, Wilson Cardona Restrepo, alias ‘El Palillo’ y otro  conocido con el alias de ‘55’, quienes aprovecharon el desplazamiento de los campesinos para meter ganado, además destruyeron las casas y construyeron un encierro para espectáculos taurinos.

Varios paramilitares han aceptado en Justicia y Paz el despojo de tierras en el Urabá Antioqueño. Raúl Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, ex jefe del Bloque Banaero que delinquía en Urabá, aceptó en una versión libre de 2008 que ‘Mono Pecas’ era uno de sus hombres y que manejaba tierras para Vicente Castaño.

Ever  Veloza alias ‘HH’, también jefe del Bananeros, le entregó a la Fiscalía una carta que Carlos Castaño le escribió a su hermano Vicente, donde relaciona entre 70 y 100 mil hectáreas que tenían en Blanquicet para proyectos de palmicultura y banano.

En enero de 2001, Manuel Esteban Rodríguez, representante legal de Cootragroblan fue abordado por tres ‘paras’, que le exigieron entregar las escrituras de La Esperanza.

Después ‘Palillo’ y sus hombres lo llevaron ante Hernán Jaime Arango, en la época notario de Carepa, Antioquia, y lo obligaron a firmar las escrituras públicas de la finca.

En 2003, Manuel Esteban Rodríguez fue a Turbo para pagar el impuesto predial de La Esperanza y descubrió que habían falsificado su firma y su huella digital, y traspasado el título en mayo de 2001.

Una vez vendida La Esperanza hubo un carrusel de traspasos. En menos de dos años, el predio cambió tres veces de manos.

Manuel Rodríguez puso la queja ante la Procuraduría en Chigorodó, Antioquia, que abrió investigación. En mayo de 2005, el Fiscal 72 de Chigorodó ordenó anular las escrituras ilegítimas después de comprobar que la huella que aparecía como la de Rodríguez en la escritura de traspaso de La Esperanza era falsa. Hernán Jaime Arango, el notario, fue absuelto por la justicia, que determinó que fue amenazado y obligado a servir los paramilitares.

Sin embargo, con la decisión de la Fiscalía las amenazas contra los campesinos de Cootragroblan, entre ellos Óscar Maussa, no cesaron.

Ante esta situación, los campesinos miembros de la cooperativa solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección, por el temor de represalias ante las constates presiones de los ‘paras’ para quedarse con las tierras y la incapacidad de la justicia para hacer efectiva la restitución de La Esperanza.

En septiembre de 2006 la CIDH dictó medidas cautelares a favor de las familias Maussa, Rodríguez, Bravo Pertuz y Tordecilla Cordero que aún vivían en Urabá. Según consta en el acta: “La CIDH solicitó al Gobierno de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios”.

La situación de los campesinos de Cootragroblan no mejoró y las presiones de los ‘paras’ y sus testaferros se hicieron cada vez más fuertes. La Comisión Colombiana de Juristas reportó que en Blanquicet  las bandas criminales ‘Águilas Negras’ y ‘Renacer’ seguían delinquiendo e intimidando los campesinos de la región.

En octubre de 2007, Maussa denunció nuevas amenazas esta vez de un paramilitar conocido como ‘Julio Ospino’. También reportó que hombres armados rondaban alrededor de la finca La Esperanza. Unos meses después Maussa abandonó la región.

Desde entonces los campesinos que aún están en Blanquicet viven en la zozobra, con constantes rumores de la llegada de hombres armados que van a cometer una masacre.

“Según nos dicen, están planeando la masacre para obligarnos a salir otra vez de las fincas, porque estamos reclamando lo que es de nosotros, lo que nos habían quitado desde 1996 los paramilitares” dijo a El Espectador uno de los campesinos de la zona en abril de 2010.

Los paramilitares que quieren quedarse con la finca de la Cootragroblan no se limitaron a seguir intimidando a los campesinos.

Esta vez fueron por Maussa quien se había refugiado en su finca en San Juan Nepomuceno, en donde además de asesinarlo pareciera que con la forma brutal como lo hicieron, le enviaron un mensaje a sus compañeros que aun insisten en que les devuelvan lo suyo.

ARGENTINA
Matan a nuestros hermanos originarios

Formosa: Para los poderes feudales provinciales 

"el mejor indio sigue siendo el indio muerto"

POR ALBERTO J. LAPOLLA
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"La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, sino tenemos dinero carne y un pedazo de tabaco no nos has de faltar, cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. (…) La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver la patria enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín. Mendoza, 1819".
Salta, Río Negro y ahora Formosa muestran que la actitud racista genocida y exterminadora de nuestros pueblos originarios vigente en nuestro país desde hace quinientos años, no ha podido ser erradicada ni siquiera bajo un gobierno nacional y popular, que se caracterizó por no reprimir en ningún momento al conflicto social. Habrá que pensar que para los poderes provinciales, eso funciona si es para los blancos y no para ‘nuestros paisanos los indios’ como llamaba el Libertador San Martín a nuestros hermanos originarios.
El asesinato de un cacique Diaguita en 2009 en Salta, había sido precedido por palabras del folklorista Chaqueño (Del Chaco salteño) Palavecino (Hombre del ex gobernador Romero) quien defendía la apropiación de sus campos sojeros, señalando ‘que ya le habían dado demasiada tierra a los indios, que ahora era tiempo de que se la dieran a los criollos’. Palavecino defendía las miles de hectáreas de soja de su propiedad sembradas en tierras de desmonte robadas a los pueblos originarios. En Río Negro la policía provincial y el gobierno que la manda, en una actitud permanente, se especializan en reprimir, torturar y matar a nuestros hermanos de la etnia mapuche que han logrado recomponer parte de de su hermosa cultura (la del general Perón, por ejemplo) luego del genocidio roquista de 1879.
Finalmente, en estos días el gobierno de Formosa uno de los mas corruptos en el manejo de la tierra y los negocios públicos del país, empieza a resolver el conflicto con los hermanos Qom (llamados Tobas, despectivamente por españoles y guaraníes) matando a mansalva a pacíficos hermanos que reclaman por tierras otorgadas legalmente en 1940 y que les pertenecen legítimamente desde hace miles de años. Lo notable, es que de la represión participaron civiles que se dicen dueños de la tierra, los terratenientes Celía, acompañando a la policía provincial al mejor estilo de al AAA o de los grupos de tareas de la dictadura. Grupos que dejaron en Formosa una atroz secuela de muerte y terror. Mientras baleaban a mansalva a los pacíficos hermanos de la comunidad La primavera, (mataron a uno pero hay cuatro más en grave estado y varios hombres, mujeres y ancianas que no se atreven a ir al hospital por temor a ser maltratados, o despreciados… vaya con la provincia del amigo Insfrán), la policía y los terratenientes civiles armados se dedicaban ‘patrióticamente’ a quemar las humildes partencias de nuestros paisanos, al mejor estilo de bandas fascistas llenas de odio racial.
Formosa es famosa por muchas cosas, ninguna parecida al peronismo liberador y emancipador que se dio en otras latitudes. Cuando la Constitución de 1994 (no casualmente la inversa de 1949) transfirió las tierras ‘públicas’ es decir de los pueblos originarias a jurisdicción provincial, se produjeron allí negociados increíbles. Se vendieron lotecitos de 70.000, 80.000 hasta de 300.000 has de monte nativo a senadores provinciales o amigos del poder a 70 u 80 centavos la ha. Se trataba de tierras de monte nativo que serían desmontadas salvajemente para así participar del boom sojero. Está claro que Formosa junto a Chaco, Santiago del Estero, Norte de Córdoba y Salta son las provincias donde el monte nativo ha desaparecido casi completamente, para ser reemplazado por la forrajera cancerígena que alimenta a los cerdos de China y la India. Ya durante le dictadura genocida ésta intentó destruir el Impenetrable (bosque xerofítico que se extendía por Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Santiago del Estero) ya que según los sabios estrategas de Viola y Galtieri servía solo de ‘refugio subversivo’, fue entonces que entregaron cientos de miles de hectáreas a terratenientes amigos de los militares. Para muestra, uno de esos amigos resultó ser el dirigente radical Ricardo Buraylle, actual Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la acción de los compañeros de Proyecto Sur (que por entonces participaban del espejismo de confundir a Biolcatti con Mao Tsé Tung), quien fuera beneficiado por el dictador Roberto Viola con 8000 hectáreas liberadas al accionar subversivo. Pero Buraylle no solo es famoso por haber dicho en medio del conflicto con los sojeros, ‘que si el Congreso aprobaba la resolución 125 había que cerrarlo’, rara expresión de fe democrática para alguien que luego fuera electo diputado nacional y eyectado a la presidencia de una comisión parlamentaria.
En Formosa es más conocido por usar mano de obra esclava traída de prepo del Paraguay, o de las comunidades originarias, ‘total para que otra cosa sirven estos indios de mierda...’ En 2005 hubo que entrar con la Gendarmería para rescatar a 150 familias paraguayas esclavizadas por este gran demócrata miembro del partido Centenario, ya que la policía provincial se negaba a actuar contra este socio del poder. Así que la cosa viene de lejos, de muy lejos pero la represión actual se pasó de maduro y exige una respuesta del campo popular y del gobierno nacional. Las oligarquías locales, en complicidad con jueces repugnantes y antidemocráticos que deberían ser expulsados del poder Judicial, se niegan a cumplir con la ley que impide cualquier desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias y de hecho siguen prefiriendo la máxima que supieron acuñar los terratenientes y los genocidas de la generación del ’80: ‘El mejor indio es el indio muerto’. Pero nuestros hermanos no están solos, muchos tenemos mucho que decir y hacer, pero el gobierno nacional debe hacer lo que tiene que hacer y Gildo Insfrán debe seguir el camino de Juárez, Sobisch, Saadi y demás delincuentes provinciales cuya expulsión del poder permitió avances democráticos en sus provincias, tal como lo reclamara el compañero D ‘Elía o la compañera Hebe de Bonafini. El INAI, la Secrertaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Corte suprema y el Poder Ejecutivo Nacional, tienen unas cuantas cosas para hacer si es que se quiere de verdad incorporar a nuestros ‘paisanos los indios’ a la nación argentina y no seguir considerándolos como partes del paisaje a ser exterminados. La línea iniciada por Rivadavia, Rosas, Mitre, Sarmiento y Roca (con matanzas posteriores bajo los gobiernos de Quintana, Irigoyen, Alvear, Justo y Perón) de exterminio de nuestros paisanos debe concluir de una vez y para siempre.
En su lugar hay que recuperar la línea fundacional de la Patria de Castelli, Belgrano, Moreno, Artigas y San Martín de construir la nación con nuestros hermanos originarios y no contra ellos. Debemos devolverles tierra, territorios, permitiéndoles desarrollar sus culturas y acabar con el atropello continuo de los terratenientes que desde el fondo de nuestra historia han considerado al indio material de caza, estupro y esclavitud. Hay que recordar, que como dice la tradición Inka, América es India y del Sol…
Desde el primer descubrimiento de estas Américas comenzó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Mariano Moreno, 1802.

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ARGENTINA


La desvergüenza del represor Gildo Insfrán

Según el Gobierno formoseño, hay quienes “lucran y desinforman” con el conflicto con los tobas

30/11/10 - 

El ministro de Gobierno acusó a sectores que no identificó de "desinformar" y “lucrar políticamente” con lo sucedido en la comunidad aborigen La Primavera. El martes pasado, la Policía provincial reprimió y hubo dos muertos en los incidentes.

Ayer, el gobernador formoseño Gildo Insfrán rompió el silencio y acusó a la oposición de “sembrar la discordia”, luego de los sucesos en la comunidad toba La Primavera.


El martes pasado la Policía provincial reprimió a los integrantes de la comunidad que protestaban sobre la ruta nacional 86 y finalizó con la muerte del oficial Ever Falcón, de 34 años, y el aborigen Roberto López, de 52.
Ahora, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, acusó a sectores a los que no identificó de "desinformar" sobre el conflicto y sostuvo que hay quienes "pretenden lucrar políticamente" con esos sucesos, que costaron la vida a dos personas.


El ministro publicó una solicitada en los diarios de la provincia, sin identificación del gobierno y sólo con su firma, en la que evitó mencionar los dos muertos que causó la acción policial durante una protesta.


Jorge González indicó que "en ningún momento la comunidad de La Primavera fue afectada en las tierras de su propiedad comunitaria". El ministro quien por su cargo es el jefe político de la Policía de Formosa, no mencionó la represión de la que fueron objeto los manifestantes toba, durante la cual murió un joven uniformado y un integrante de esa comunidad aborigen.


"Es importante conocer la verdad, desenmascarar a quienes pretenden lucrar políticamente con un hecho que nos duele a todos. Solo la verdad nos hará libres", manifestó el funcionario en la solicitada.
Hace una semana, un grupo de aborígenes fue desalojado por la policía de un predio que reclaman para sí por derecho ancestral y también de la ruta nacional 86, que cortaban desde hace cuatro meses, para sostener esa demanda.

MPF pede à Justiça suspensão de atividades de mina da Vale

Empreendimento comprometeu 20% das terras de comunidade quilombola, mas famílias não foram recompensadas
29/11/2010 
 Ministério Público Federal no Pará
O Ministério Público Federal (MPF) entrou na Justiça com ação em que pede a suspensão das atividades da mineradora da Vale na mina Miltônia 3, em Paragominas, no sudeste paraense, incluindo a linha de transmissão de energia e o minerotudo que transporta a bauxita até a refinaria da Alunorte em Barcarena, na região metropolitana de Belém.
Segundo o MPF, a Vale não cumpriu pré-requisitos do licenciamento ambiental que tinham o objetivo de amenizar impactos socioambientais causados pelo empreendimento à comunidade quilombola de Jambuaçu, em Moju, nordeste do Estado.
A ação judicial solicita à Justiça que determine imediatamente o pagamento de compensação mensal no valor de cinco salários mínimos para cada uma das 788 famílias remanescentes de quilombo e a implantação de projeto de geração de renda na comunidade. O MPF pede multa diária de R$ 1 milhão caso a Vale não cumpra a decisão judicial requerida.
O mineroduto e a linha de transmissão passam por sete municípios: Paragominas, lpixuna do Pará, Tomé-Açú, Acará, Moju, Abaetetuba e Barcarena. Em Moju o sistema atravessa o território do Jambuaçu, titulado como quilombola em 2003.
Nas diversas fases do licenciamento ambiental, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) impôs uma série de obrigações à Vale. Em 2008 ficou estabelecido que a mineradora deveria apresentar programas de geração de renda e diversificação da produção agrícola para as áreas impactadas pelo empreendimento.
O projeto de geração de renda foi idealizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e previa o atendimento a 399 famílias quilombolas. Em vez de implantar o projeto, a empresa preferiu entrar na Justiça contra a comunidade, propondo acordo em que apenas 58 famílias seriam beneficiadas.
“Essa proposta é pífia se confrontada com os danos sobre o território”, criticam no texto da ação os procuradores da República Bruno Araújo Soares Valente e Felício Pontes Jr. Na ação o MPF também denuncia que, ao propor o acordo na Justiça, a Vale omitiu do juízo, do Ministério Público do Estado do Pará e da comunidade, a existência de pré-requisitos exigidos no licenciamento.
Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a instalação dos minerodutos e da linha de transmissão representa a perda de 20% do território da comunidade. Estudo da pesquisadora Rosa Elizabeth Acevedo Marin, da Universidade Federal do Pará (UFPA), destaca que o empreendimento tem implicações ambientais que começam com o assoreamento do rio Jambuaçú e seus afluentes. “Existe perda das condições de navegabilidade desse rio, além da alteração da qualidade das águas do rio e dos igarapés. A pesca desapareceu desses cursos d’água”, informa. “O balanço feito pelas comunidades é que houve uma diversidade de perdas materiais e imateriais. Houve perdas de árvores – castanheiras, açaizeiros, pupunheiras, abacateiros, ingazeiros - com derrubada da mata para as obras de infraestrutura”.
Em setembro deste ano, o MPF promoveu reunião com dirigentes da Vale e lideranças quilombolas para uma tentativa de acordo, mas a empresa não aceitou as propostas apresentadas. Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece que qualquer descumprimento das determinações do licenciamento ambiental pode levar à suspensão ou ao cancelamento da licença.





Internacionales | 09:47 a.m.

Nicaragua anuncia que es un país libre de minas

http://www.laprensa.com.ni/2010/11/30/internacionales/45101

GINEBRA/EFE


Nicaragua informó hoy de que ha acabado con el proceso de desminado de su territorio, por lo que Centroamérica se convierte en la primera región del mundo libre de minas antipersonales.

Así lo anunció la secretaria general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, Ruth Tapia Roa, ante la plenaria de la décima reunión de los Estados parte de la Convención de Prohibición de Minas Antipersonales, también conocido como Convención de Ottawa, que esta semana se reúne en Ginebra.

"Hemos venido para transmitirles buenas noticias y, con ellas, nuestra alegría, orgullo y satisfacción de darles a conocer que, después de 21 años de arduo y sacrificado proceso de trabajo, nuestros esfuerzos fueron compensados", indicó.

Tapia explicó que las labores de desminado concluyeron el pasado mayo, un mes antes de que expirara el año de prórroga que los Estados parte habían otorgado a Nicaragua para poder acabar con el proceso.

"Gracias al apoyo de países amigos donantes tradicionales y no tradicionales con nuestro programa, aportaron los fondos necesarios para culminar la meta de ser un país libre de minas y, con ello, completamos para que Centroamérica sea la primera región del mundo libre de este flagelo", prosiguió la secretaria general.

No obstante, Tapia especificó que mantendrán "pequeñas unidades para estar pendientes de las minas o bombas que puedan estar dispersas en lugares que no estaban en los planes de defensa del país".

Por ello, pidió "poder seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional, ante una eventualidad que pudiese surgir en el futuro y que no pudiera ser asumida con recursos del país".

Agradeció individualmente a todos los países que han ayudado en el proceso de limpieza de esos artefactos y agradeció los esfuerzos de la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica (MARMINCA) y el Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA-OEA).




Polícia de PE é condenada por outdoors contra o MST

30 de novembro de 2010

Da Página do MST
http://www.mst.org.br/Policia-de-PE-e-condenada-por-outdoors-contra-o-MST%20
Uma decisão do Ministério Público de Pernambuco obriga a Associação dos Oficiais, Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar/Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AOSS) e a empresa de outdoors Stampa, a veicular 21 outdoors com mensagens de promoção e defesa dos direitos humanos e da Reforma Agrária
Arte será definida pelo MST e aprovada pelo Ministério Público.
A entidade, atualmente denominada Associação dos Militares de Pernambuco (AME), terá ainda que publicar retratações públicas ao MST no Diário Oficial, no jornal interno da policia militar e no página na internet da associação. A contrapropaganda deve ser veiculada a partir de março de 2011.
A decisão é resultado do Termo de Ajustamento de Conduta no procedimento administrativo Nº 06008-0/7, no Ministério Público de Pernambuco.
O pedido foi apresentado pela organização de direitos humanos Terra de Direitos, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e pelo MST por danos morais e direito de resposta contra a AOSS, em virtude da "campanha publicitária" contra o MST realizada pela Associação em 2006.
A AOSS distribuiu nas principais vias públicas do Recife e nas rodovias do Estado de Pernambuco outdoors e jornais, além de propagandas nos horários nobres das rádios e televisões, peças com conteúdos difamatórios e preconceituosos contra os Sem Terra.
Nos outdoors, veiculava-se a seguinte mensagem: "Sem Terra: sem lei, sem respeito e sem qualquer limite. Como isso tudo vai parar?"
A campanha tinha o claro objetivo de criminalizar o MST e seus militantes e deslegitimar a luta pela Reforma Agrária dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, incitando a sociedade e os próprios policiais militares à violência contra os Sem Terra.
À época da campanha, o presidente da AOSS era o atual deputado estadual Major Alberto Jorge do Nascimento Feitosa, que assinou pessoalmente os materiais da campanha junto com a associação.
Durante inquérito para apurar o caso, o Ministério Público ouviu representantes da AOSS e das organizações de direitos humanos.
De acordo com o depoimento do capitão da PM-PE Vlademir José de Assis, que assumiu a presidência da AOSS depois da saída do Major Feitosa, a campanha foi financiada por grupos empresariais, proprietários de empresas de TV e políticos pernambucanos.
O Ministério Público considerou a campanha um abuso aos direitos humanos e um desrespeito aos princípios constitucionais de liberdade de reivindicação e de associação, e acima de tudo, uma ofensa à
dignidade da pessoa humana.


Câmara homenageia Pedro Stédile, do MST; oposição faz ameaças

A entrega da Medalha do Mérito Legislativo, marcada para às 15 horas desta quarta-feira (1o) no Salão Negro do Congresso Nacional, pode sofrer perturbações. É o que promete a oposição, inconformada com a homenagem que será feita ao fundador do Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Pedro Stédile. Ele é um dos 34 agraciados com a condecoração.

A oposição, principalmente a bancada ruralista na Câmara, quis impedir a entrega da medalha a Stédile, mas diante da impossibilidade de veto, ameaça intervir para impedir que a Medalha seja entregue ao líder do MST durante a sessão solene.

Para o deputado Brizola Neto (PDT-RJ), que indicou Stédile para receber a comenda, “é uma homenagem mais do que merecida. Ela será um símbolo para o Congresso Nacional, que tomou essa iniciativa, mesmo com alguns tentando criminalizar as ações do movimento”.

Ele diz ainda que a contribuição que ele deu ao país “é a luta que vem travando nesses anos todos pela terra. Ela nos faz repensar e refletir sobre o uso que vem sendo feito dela”.

O deputado tucano Antonio Carlos Pannunzio (SP) reclamou: "É um absurdo. Estou propondo uma intervenção no plenário para levantar esse ponto: essa medalha é voltada a personalidades que tenham prestado um serviço ao parlamento e ao país. Além de desrespeitar a lei, cometer crimes, incitar a violência, inclusive aqui dentro da Casa, o que esse camarada fez?", indaga, revoltado, o tucano.

Abelardo Lupion (DEM-PR) ameaçou: "Vou, na Comissão de Agricultura, entrar com uma medida de agravo, uma moção de repúdio contra essa homenagem. É um verdadeiro absurdo premiar um bandido, um chefe de quadrilha".

Outros agraciados
Instituída em 1983, a medalha é concedida anualmente a personalidades, entidades ou instituições que realizaram ou realizam serviço ou ação de relevância para a sociedade. Receberão a medalha este ano 32 personalidades e 2 entidades. Para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que institui o prêmio, “na Casa estão os representantes do povo brasileiro. Nada mais justo que esses representantes, em sua relação com a sociedade, façam um reconhecimento do trabalho dessas pessoas que colaboram com o desenvolvimento do nosso Brasil.”

O ex-deputado estadual e ex-presidente do PCdoB do Pará, Neuton Miranda, também receberá a medalha (in memorian). Neuton, que morreu no início deste ano, foi indicado pela líder do PCdoB, deputada Vanessa Grazziotin (AM). Ele dedicou sua vida "à luta pela defesa das liberdades e da democracia no Brasil". E se destacou “pelo destemor ao denunciar os crimes do latifúndio no Pará”, destacaram os senadores Inácio Arruda (PCdoB-CE) e José Nery (PSOL-PA) na ocasião da sua morte.

Neuton começou sua militância política em 1968, como líder estudantil e diretor da União Nacional dos Estudantes (UNE). Durante a ditadura, foi perseguido e teve de ir para a clandestinidade. Com a anistia, voltou ao Pará e reorganizou o partido no estado. Era membro do Comitê Central do PCdoB e presidente do Comitê Estadual do Pará. Foi deputado estadual; presidente da Companhia de Habitação de Belém (Cohab) e Secretário Municipal de Habitação. Estava exercendo de Diretor do Patrimônio da União no Pará quando faleceu no dia 20 de fevereiro deste ano.

Dentre os agraciados este ano estão ainda o vice-presidente, José Alencar, indicado pelo presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP); o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, indicado por Cândido Vacarezza (PT-SP); o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, indicado por Inocêncio Oliveira (PR-PE) e a economista Maria da Conceição Tavares, indicada por Arlindo Chinaglia (PT-SP).

Veja a lista completa dos homenageados

De Brasília
Márcia Xavier
Com agências

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